Derecho al pataleo

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Hemos sabido hace poco del derribo de la casa Guzmán, obra entregada en 1972 por el arquitecto Alejandro de la Sota, y de su sustitución por una casa mediocre, ajena al lugar, provinciana en el peor sentido de la expresión. También hemos sabido que los promotores de esta infamia han sido los herederos del propietario. Quizá incluso haya sido su hijo.

La Fundación Alejandro de la Sota ha levantado la liebre después de que unos estudiantes de arquitectura fuesen a estudiar la casa y se encontrasen con las obras de la nueva casa (que podríamos llamar Casa Guzmán 2 en la peor tradición de las segundas partes ochenteras) avanzadísimas, hecho que indicaba el obvio derribo del edificio precedente. La nota de la fundación ha causado un revuelo mediático impresionante en forma de bastantes artículos quejándose por el hecho y centenares, si no miles, de comentarios en los webs de noticias y en las redes sociales. Sin haber hecho una estadística queda claro para cualquera que la mayora parte de estos comentarios celebran el derribo de la casa, celebran la nueva obra como una vivienda de calidad, una casa representativa, como tiene que ser: normal, decente, etcétera, y celebran el propio derribo como un símbolo de domesticación de un arte que socialmente estorba por toda una multiplicidad de razones diferentes.

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Unos cuantos nos hemos quejado amargamente. Algunas de estas quejas han tomado la forma de protesta o de debate y han ilustrado y abundado en las miserias culturales del país, sobre las causas sociológicas de este revuelo y, más importante, sobre la evidente desprotección que sufre la práctica totalidad de la arquitectura construida en España después de la Guerra Civil(1). La destrucción de este patrimonio, y la impunidad con que se realiza, es alarmante.

Después de haber tirado tres o cuatro borradores sobre el derribo de la casa, y habiendo leído algunos de los artículos aparecidos (y estando de acuerdo con la mayoría de cosas que se dice en ellos), voy a sumar algunas reflexiones de fondo al grueso que forman todos estos.

La primera de ellas es sobre el clima de involución cultural en que vivimos. La casa Guzmán 2 propone un hecho interesante: el de convertir la mediocridad en un bien cultural. En el bien cultural de moda, quizá. Esta afirmación arrastra el hecho de que todos los rasgos que caracterizan la buena arquitectura, tales como la especificidad de un proyecto, el respeto hacia el lugar, la apuesta por la complejidad, las posibilidades infinitas de personalización que ofrece un buen proyecto hecho a medida, han sido demonizados como bienes no estandarizables. Accesorios. Existe una sospecha social sobre el valor añadido, sobre las plusvalías que da un proyecto tan sólo por el hecho de estar bien hecho. Sobre lo que significa ser arquitecto. Hay una sospecha social sobre cualquier aspecto de este arte que no tenga que ver o bien con el negocio o bien con lo que es visto como su némesis: la revuelta social ejercida sobre la parte más salvaje y especulativa del negocio. Sin entrar en ello, esta revuelta suele ser invariablemente reaccionaria.
Este clima de involución cultural no afecta sólo al panorama arquitectónico, si no que se extiende a cualquier otro arte o manifestación cultural que implique un esfuerzo y una constancia que no tengan un retorno directo, si no que contribuyan a formar un sentimiento crítico, un sentimiento de sospecha. En última instancia una posición consciente respecto de nuestra realidad.

La segunda reflexión implica a un buen número de gente formada y sensible. Igual que es cierto el clima de involución cultural que acabo de mencionar también lo es que jamás tanta gente ha tenido, y ha estado formada para tener, inquietudes culturales y sentido crítico. Este gran número de gente es apreciable y se hace sentir, aunque, dentro del grueso social, es minoritario. Y no sólo esto: su prestigio va a la baja gracias al hecho de que el centro de gravedad del éxito social se ha desplazado hacia factores más fácilmente comprensibles: dinero, poder, éxito en el deporte.

La tercera reflexión implica a la gente dotada de autoridad, sea porque son políticos a secas o porque se ubican en posiciones de poder dentro de instituciones diversas: tan políticos como los primeros pero sin parecerlo. También deberíamos remarcar el hecho de que las fundaciones, todavía más las fundaciones privadas como la propia Fundación Alejandro de la Sota, tienen o suelen tener una existencia, un prestigio y una dotación económica más precarias de lo que pueda llegar a parecer. Y poca o nula transparencia, de modo que se hace complicado saber de sus mecanismos de control, de sus órganos dirigentes, de sus relaciones con el poder, de su capacidad económica. De sus objetivos últimos. Etcétera. Preocupante cuando algunas de ellas controlan bienes tan importantes como fondos de archivo de arquitectos que han marcado la historia del país. Fondos de archivo conservados en condiciones preocupantes, a menudo insuficientemente catalogados, no controlados ni auditados por nadie.

Estaríamos todos de acuerdo en que el grueso de las instituciones y de los políticos hacen poco o nada por el patrimonio arquitectónico. Incluidos los propios colegios profesionales, en estos momentos dotados de una indefinición brutal respecto de su rol por mil factores: por su fuente de financiación, los visados, por el hecho de que ésta los coloca en manos de los arquitectos que construyen, casta aparte dentro del mundo de los arquitectos que controla al resto sí o sí, por el hecho de que estos colegios ya no representan el grueso de la profesión si no la minoría colegiada y, dentro de ésta, la minoría capaz de ejercer ruido e influencia suficientes como para ejercer el poder. Sea por el hecho de que su mensaje, sencillamente, no conecta. Sea por el hecho de que su objetivo primario siga siendo defender no una profesión, un arte, una responsabilidad social, si no un negocio que, aun y estarse batiendo en franca retirada por lo que respecta a sus competencias, sigue siendo muy lucrativo para una minoría. Sea por su nula sensibilidad social.

Las instituciones apenas tienen política cultural, ya que usan esta cultura para especular. También es el caso de los políticos, claro. Se especula sobre tendencias dominantes, se especula sobre el poder de decir quién y qué es cultura. Se especula sobre el relato. Se especula sobre el control del patrimonio. Se especula sobre su valor.
La generosidad de las instituciones en este campo tiende a cero. Sencillamente.

Las universidades se han sumado a este panorama como un agente más, sin aportar nada nuevo respecto a los órganos de govierno, colegios profesionales e instituciones: celosas de su parcela de control, celosas del negocio que controlan y celosas de su poder, y de sus competencias, su credibilidad en el mundo público tiende a cero.

Se ha acusado (se nos ha acusado) a los que hemos escrito sobre este tema, estando muchos de nosotros involucrados desde hace lustros en la defensa del patrimonio(2), de haber hecho poco más que ejercer el derecho al pataleo en el caso de la casa Guzmán. Y es cierto.

Ejercemos el derecho al pataleo porque no nos sentimos representados en ningún lugar. Ejercemos el derecho al pataleo porque, sencillamente, no contamos: ni se nos escucha ni se nos deja opinar cuando tenemos propuestas que hacer. Y tenemos propuestas. Asistimos como espectadores impotentes, como público cautivo, a un juego de poder indiferente a las víctimas colaterales que va dejando por el camino, a la desprotección del patrimonio, a la pérdida de sensibilización. Y no podemos hacer nada para cambiarlo. Excepto continuar escribiendo mientras aguantamos los insultos de los que nos dicen que no podemos hacer otra cosa.
Cuando la única cosa que podríamos hacer es callar y tragar. Y quizá sea lo que se quiere.

Personas que ejercéis el poder desde cualquier posición política o institucional: estáis fracasando(3). El mundo es ahora un lugar peor. Y lo que queda por venir. Así que, ya que no podemos hacer otra cosa, lo diremos en voz alta:

No creemos en vosotros.

(1) Yo mismo, cabreado como una mona, pedí ejemplos de buenas arquitecturas que estén seriamente amenazadas o que hayan desaparecido. No puedo trabajar sobre el resultado de esta convocatoria sin dedicarme a ello a tiempo completo. Un solo ejemplo: en todo Madrid, una ciudad que destaca por la calidad y la diversidad de su arquitectura moderna, sólo hay tres o cuatro edificios posteriores a la Guerra Civil protegidos. Estamos tirados a la basura.
(2) Con éxito, al menos por lo que a mi respecta, nulo: las batallas en las que he participado se cuentan por derrotas. Como las de la gran mayoría de mis compañeros. Es por eso que puedo hablar con conocimiento de causa del desprecio por el patrimonio construido.
(3) O igual lo están petando, porque todo puede ser que en realidad su sensibilidad sea nula y que, por tanto, estén encantados de contribuir a este diezmo de patrimonio tan terrible que, en algunos casos, ha dejado más víctimas en forma de casas derribadas que una guerra. En este caso, felicidades.

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5 respuestas a Derecho al pataleo

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